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• Cifras alarmantes, que son de llamar la atención de las autoridades competentes

México, D.F., 27 de noviembre 2014.- (aguzados.com).- Para los mexicanos, el tener una vivienda, acceso a la salud, agua potable, trabajo, poder opinar y expresar la forma de pensar, poseer una identidad, acceder a la educación, tener privacidad, vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ser libre, vivir seguro, votar, hablar una lengua, tener una religión y reunirse y manifestarse pacíficamente, son derechos que todas las personas deben tener.

Para los mexicanos, el tener una vivienda, acceso a la salud, agua potable, trabajo, poder opinar y expresar la forma de pensar, poseer una identidad, acceder a la educación, tener privacidad, vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ser libre, vivir seguro, votar, hablar una lengua, tener una religión y reunirse y manifestarse pacíficamente, son derechos que todas las personas deben tener.

De acuerdo con la más reciente encuesta realizada en vivienda, a nivel nacional, por Parametría casi la totalidad de entrevistados concuerda con los principios de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual señala que todos individuos nacen y permanecen libres e iguales en dignidad y derechos [1].

Los recientes hechos de violencia ocurridos en algunos estados del país han hecho que instituciones nacionales e internacionales, como Human Rights Watch, la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Organización de los Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expongan su preocupación por la constante violación a los derechos humanos en México, el respeto al estado de derecho, la impartición de justicia y el derecho a la seguridad.

Estos eventos también han permeado en la opinión pública mexicana, siete de cada diez personas (72 %) señalan que en el país no se respetan los derechos humanos. Porcentaje 12 puntos más alto que lo registrado en septiembre de 2013, cuando realizamos la pregunta por primera vez.

Otro dato preocupante es que 79 % de los ciudadanos consideran que la aplicación de la ley no es igual para todos. Si bien se registra un descenso en estas opiniones respecto a lo medido el año pasado (85 % vs 79 %), sigue siendo un alto número de personas las que piensan que la impartición de justicia no es equitativa.

Sobre el mismo tema, el Senado de la República eligió recientemente al nuevo Ombudsman. Luis Raúl González Pérez rindió protesta el 13 de noviembre como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y permanecerá en el cargo hasta el año 2019 [2]. El nombramiento no es menor, esta figura debe vigilar la protección de los derechos humanos en un país que tiene grandes desafíos en el tema, derivado principalmente por la violencia ejercida desde el estado así como por organizaciones criminales en contra de la población.

Un dato que llama la atención es que 26 % de los entrevistados consideran que el principal responsable de respetar, garantizar y promover los derechos humanos en México es el gobierno o los gobernantes, seguido de 22 % que señala al gobierno de la república. Es decir, casi la mitad de los ciudadanos afirma que esta responsabilidad es el de gobierno.

En la medición de octubre de 2014 únicamente 10 % de los mexicanos señaló a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como quien debía vigilar que se respeten estos derechos, mientras que hace un año, 25 % aludió a esta institución como la más importante para desarrollar dicha tarea.

Los analistas Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo Mayer-Serra, señalan en un artículo publicado en la revista Nexos [3], que a pesar del presupuesto con el que cuenta, la CNDH resulta hoy una institución obsoleta. Sus recomendaciones no son vinculantes jurídicamente, es decir, la autoridad a la que sea dirigida una recomendación puede o no puede hacer caso de las mismas. De acuerdo con la investigación de estos autores, este organismo ha emitido únicamente 1 % de recomendaciones en promedio anualmente con relación a las denuncias recibidas. Es decir, ha ido perdiendo fuerza y prestigio en su labor. 

Entre la opinión pública son más los ciudadanos que desaprueban la forma en la que la CNDH realiza su trabajo, así lo refirió el 46 % de los entrevistados a nivel nacional, mientras que 37 % dijo aprobar “mucho” o “poco” la labor hecha por esta importante comisión.

Existen importantes diferencias entre las respuestas dadas por las personas en el Distrito Federal y el resto de los estados, sobre una hipotética participación de organismos internacionales de derechos humanos en la evaluación de la política del gobierno mexicano sobre este tema.

Mientras que en la capital del país seis de cada diez entrevistados (63 %) se muestra a favor de que instituciones de otros países evalúen las políticas mexicanas en el tema del respeto a los derechos humanos, la opinión es compartida solo por el 42 % de los ciudadanos del resto de los estados, donde se aprecia una opinión dividida en el tema.

También podemos constatar un cambio de las opiniones de los mexicanos sobre si organismos internacionales de DDHH deben o no evaluar las políticas del gobierno mexicano de la medición anterior a la actual. En septiembre del año pasado el 64 % de los mexicanos se dijo “de acuerdo” con que instituciones internacionales acudieran al país, este año ese porcentaje bajó a 42 %.

También podemos constatar un cambio de las opiniones de los mexicanos sobre si organismos internacionales de DDHH deben o no evaluar las políticas del gobierno mexicano de la medición anterior a la actual. En septiembre del año pasado el 64 % de los mexicanos se dijo “de acuerdo” con que instituciones internacionales acudieran al país, este año ese porcentaje bajó a 42 %.

Más de la mitad de los mexicanos dijeron estar “insatisfechos” o “muy insatisfechos” con la actuación del gobierno federal en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas en México, en contraste con 28 % que opina lo contrario. También en este tema observamos un incremento en el porcentaje de personas que califican de manera negativa la labor del gobierno federal del año pasado a la fecha, pasando de 53 % a 63 % las personas inconformes.

FUENTES:

PARAMETRÍA. Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas del 25 al 29 de octubre de 2014. Nivel de confianza estadística: 95 %. Margen de error: (+/-) 3.5 %. Tasa de rechazo: 28%. Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el INE. Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés.

CENTRO DE INFORMACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración Universal de los Derechos Humanos. [Última consulta: 13 de noviembre de 2014] Disponible en:

http://www.cinu.mx/onu/documentos/declaracion-universal-de-los-d/

EL UNIVERSAL.Rinde protesta nuevo Ombudsman ante el Senado. [Última consulta: 13 de noviembre de 2014] Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/cndh-luis-raul-gonzales-perez-eleccion-senado-1054004.html 13 de noviembre de 2014

NEXOS. ¿Qué hacer con la CNDH? [Última consulta: 13 de noviembre de 2014] Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=23111 1 de noviembre de 2014

[1] CENTRO DE INFORMACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración Universal de los Derechos Humanos.

http://www.cinu.mx/onu/documentos/declaracion-universal-de-los-d/

[2] El Universal. Rinde protesta nuevo Ombudsman ante el Senado http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/cndh-luis-raul-gonzales-perez-eleccion-senado-1054004.html  13 de noviembre de 2014

[3] Nexos. ¿Qué hacer con la CNDH? http://www.nexos.com.mx/?p=23111 1 de noviembre de 2014

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• Se espera contar con dictamen para Ley de Coneval a principios de diciembre, informó el integrante de la Comisión de Desarrollo Social
• Opinión de instituciones, académicos e investigadores aportó consideraciones y solidez al trabajo de Comisiones Unidas

México, D.F. 27 de noviembre 2014.- (aguzados.com).- Se espera que la primera semana de diciembre se cuente con el dictamen para expedir la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cuya importancia radica en garantizar la objetividad y eficiencia que este organismo público descentralizado encargado de informar acerca de la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, informó el senador Fernando Herrera, integrante de la Comisión de Desarrollo Social, que preside su homóloga Lorena Cuéllar.

Explicó que el trabajo procede del dictamen aprobado en octubre por la Cámara de Diputados, donde se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y que fue turnado a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

Herrera Ávila expuso que se desarrollaron audiencias públicas donde participaron académicos, investigadores, especialistas en el tema, instituciones del sector para opinar y nutrir el criterio de los senadores, entre ellas, México Evalúa, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Colegio de México, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Incide Social, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto Mexicano de la Competitividad y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Es fundamental garantizar la objetividad en la evaluación de programas enfocados a abatir el rezago de grupos poblacionales con necesidades específicas como la tercera edad, jefas de familia, migrantes, trabajadores del campo o personas en situación de calle”, advirtió.

“Se debe inhibir la tentación de politizar o sesgar el trabajo del Coneval mediante el establecimiento de filtros para que quienes lo integren posean altos perfiles académicos y profesionales, así como antecedentes en materia de investigación, pues de la evaluación correcta dependen las decisiones adecuadas para que los recursos cumplan eficazmente y con transparencia los objetivos de cada programa”, agregó.

Finalmente, el senador por Aguascalientes resaltó la importancia de crear órganos estatales para el mismo efecto, a fin de obtener evaluaciones oportunas y objetivas a nivel local, con cierto grado de vinculación jurídica para que no se lucre en ningún sentido con la necesidad social.

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• IMCO establece que es la tercera entidad del país para invertir, trabajar y vivir en paz

Aguascalientes, Ags., 27 de noviembre de 2014.- (aguzados.com).- Al conocer los resultados del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2014 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que posiciona a Aguascalientes como la tercera entidad más competitiva del país, el gobernador del Estado dijo que estos resultados representan el cumplimiento de compromisos claros y definidos con la ciudadanía y la recuperación plena de la entidad para atraer y retener talento e inversiones.

El jefe del Ejecutivo destacó que el esfuerzo y el trabajo coordinado de todos los sectores productivos ha recolocado a Aguascalientes como un estado competitivo y atractivo para el talento y la inversión, lo que se traduce además en mayor productividad y bienestar para los aguascalentenses.

Sostuvo además que el gobierno tiene una plena claridad en la estrategia que ha implementado para favorecer el crecimiento económico y mantener unas finanzas sanas, elementos clave para asegurar la consolidación de Aguascalientes como el estado más dinámico de México.

El documento del IMCO destaca en el caso de Aguascalientes que una clara razón de esta recuperación es el contar con “autoridades estatales razonablemente competentes, dispuestas a explotar al máximo las ventajas comparativas de sus entidades y a crear entornos favorables a la inversión.

Los resultados están a la vista: tasas casi asiáticas de crecimiento económico, industrias innovadoras e importantes plataformas de exportación manufacturera, refiere el documento.

El Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2014 destaca que la moraleja de esta historia es sencilla: a la hora de las reformas estructurales, los estados cuentan.

Cuentan por comisión o por omisión, por facilitar u obstaculizar abiertamente cambios nacionales, por cumplir o no con responsabilidades básicas y por poner o no barreras que sustituyan las que se eliminan en el ámbito federal.

El documento destaca en los resultados generales del Índice de Impartición de Justicia Laboral Local (IIJLL), la sexta posición para la entidad, destacando de esta forma el bajo costo de la renta esperada, derivada de litigios laborales, además de enfatizar el primer lugar nacional en el porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en matemáticas por entidad federativa, en base a los resultados PISA 2012.

El documento del IMCO asegura que Aguascalientes es el tercer estado más competitivo debido a sus bajos índices delictivos, además de ser la entidad con menor número de secuestros, la segunda con menor registro de homicidios y el noveno mayor en delitos denunciados, además de haber sido la entidad que más facilitó el registro de una propiedad y obtuvo el sexto lugar en el índice de información presupuestal.

De igual forma el estudio dice que el estado aún tiene retos importantes en materia de conectividad carretera, de telecomunicaciones y de tráfico aéreo.

En el ranking del sistema de derecho confiable y objetivo, Aguascalientes subió nueve posiciones para ubicarse en el cuarto lugar nacional, mientras que en el ranking de economía estable, sube nueve posiciones, para ubicarse como el onceavo lugar en esta materia y sube dos posiciones en el ranking de aprovechamiento de las relaciones internacionales para ubicarse en el sexto lugar nacional.

Finalmente, Carlos Lozano de la Torre ratificó su compromiso de su administración para reforzar constantemente las estrategias para asegurar que la economía de Aguascalientes se mantenga como una de las más eficientes, transparentes y eficaces de México.

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• Aparte de perder su poder adquisitivo, sucumbió al ideal de trabajo para la clase obrera

Alfonso Morales Castorena

Aguascalientes, Ags., 27 de noviembre de 2014.- (aguzados.com).- El agresivo capitalismo es la causa central de que el salario en general haya perdido su poder adquisitivo en poco menos del 80 por ciento en los últimos 40 años, que combinado con las políticas neoliberales que han frenado el crecimiento económico del país, dejó de ser el factor central que cubra las necesidades básicas de subsistencia de la clase trabajadora de México, afirmó el secretario general de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), Rodolfo Gerardo González Guzmán.

De tal suerte, agregó, que el concepto de salario que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que debe garantizar la cobertura de necesidades mínimas que requiere el trabajador para su subsistencia y el de su familia, dejó de ser el precepto por el que se lucha para desempeñar una jornada laboral de ocho horas.

Ante esa perspectiva del obrero, precisó el sindicalista, no es necesario recurrir a las tan traídas y llevadas consultas populares para conocer su opinión si el salario mínimo debe o no desaparecer, para dar forma a otro sistema de captación de los recursos económicos que requiere, que le satisfaga sus apremiantes necesidades.

Sin embargo, no hay que olvidar que se debe buscar por todos los medios posibles los mecanismos para desvincular ese ingreso llamado salario mínimo de los anclajes a los que está sujeto desde hace años y que han perjudicado sobremanera a la clase obrera.

Entre esas ataduras salariales se cuentan los créditos que el Infonavit otorga a los trabajadores, las prerrogativas que tienen todos los partidos políticos en México, multas de todo tipo y clase, las pensiones alimenticias, pagos de derechos diversos y más de 200 leyes que se aplican al ingreso laboral, en menoscabo de los asalariados.

González Guzmán se pronunció porque se instrumente la aplicación a nivel nacional de un solo salario que cubra todas las necesidades básicas de la clase obrera, pero sin que se llegue a causar un shock económico porque se caería en un hoyanco del que difícilmente se podría salir a corto plazo.

El líder sindical puntualizó que para ello no es necesario recurrir a la consulta popular, como la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le rechazó a la que levantó el Partido Acción Nacional (PAN) en la que solicitaba un incremento sustancial al salario mínimo y señaló “no creemos que haga falta una alternativa de esa naturaleza, la respuesta es obvia, los trabajadores siempre van a requerir de un sueldo que les permita cubrir todas sus necesidades y las de su familia”, dijo.

Se tendrá que encontrar la forma y la manera de mejorar los salarios de la clase trabajadora, pero subrayó, “sin provocar un caos financiero en el país”, porque al hacerlo sin pensar, el más perjudicado, sin duda alguna, sería el sector obrero, porque al elevar el sueldo se incrementan también y tal vez en forma exponencial, otras categorías y las prestaciones laborales vendrían a la baja.

Pero para ello se debe dejar de lado el discurso, la demagogia, el decir que todo es por la productividad, ésta se encuentra en óptimas condiciones, lo que no está nada bien en México, son los salarios que se pagan, porque de acuerdo a la OCDE, el país es uno de los lugares donde más se trabaja y menos se gana, situación a la inversa que se vive en Europa y en otras partes del mundo.

Para concluir la conferencia de prensa que ofreció a los medios informativos, en compañía del secretario general de la CROM en la entidad, Jesús Enrique Ramírez Ramírez, el líder sindical a nivel nacional, advirtió que un problema en puerta son los regímenes de pensiones y jubilaciones, de los que dijo “si no se fortalecen los salarios, las pensiones otorgadas van hacer insuficientes, apenas servirán para que la gente no se muera de hambre, es importante fortalecer el pilar del ahorro, pero ¿de dónde van a ahorrar los obreros, si el salario que perciben es insuficiente y no cubre sus necesidades más apremiantes?”, y su pregunta quedó sin respuesta.

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