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Ciudad de México.- 18 de mayo de 2017.- (aguzados.com).- Durante las últimas semanas, las restricciones a la libertad de prensa derivada de la violencia contra periodistas en México han sido tema en diversos círculos de opinión. El asesinato de los periodistas Miroslava Breach, el pasado 23 de marzo, y Javier Valdez, el 15 de mayo han puesto en el debate público las restricciones que hay para ejercer esta profesión de manera segura.
La última encuesta nacional en vivienda de Parametría, da cuenta de la opinión de los mexicanos acerca de este tema, un primer dato es que más de la mitad de los entrevistados consideran que actualmente no hay libertad de prensa en las entidades ni a nivel nacional. Para el 58% no existe este derecho en su propio estado y para un 61% hay restricciones en el país.
Con respecto a la importancia que los mexicanos le otorgan a libertad de expresión que los periodistas puedan tener en el país, un 85% piensa que ello es “muy importante” o “importante”; opinión que aumentó 3 puntos con respecto a abril de 2015 (82%). Solo un 14% de los entrevistados considera que es “poco” o “nada” importante que los reporteros y comunicadores puedan hablar libremente de todos los temas, cifra que se mantuvo entre estos dos años.
De acuerdo con el último reporte del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)[1], la violencia contra periodistas ha aumentado en el país desde el año 2000 en adelante. Estas cifras coinciden con la opinión pública mexicana, la última encuesta de Parametría indica que nueve de cada 10 personas (88%), consideran que la situación de inseguridad que existe en el país está obstruyendo el trabajo de los periodistas para informar acerca de asuntos relacionados con la delincuencia.
El último reporte de la asociación internacional Freedom House, “Freedom of the Press 2017”[2], aporta también datos para el diagnóstico, de acuerdo a este estudio México se encuentra actualmente en la categoría de los países sin prensa libre.
Este reporte clasifica los países en la ranking de Libertad de Prensa de acuerdo a tres categorías: 1) Entorno Jurídico (leyes, regulaciones, impacto de las garantías constitucionales); 2) Entorno Político (grado de control político sobre lo medios, acceso a la información, independencia de los medios, influencia del Estado y las instituciones); y 3) Entorno Económico (estructura y concentración de propiedad de los medios, retención de publicidad, subsidios del Estado o particulares). Con base en estas categorías Freedom House ocupa una metodología basada en una puntuación que va desde 0 a 100 puntos. La cifra cero indica libertad absoluta de prensa para un país, en cambio la puntuación de 100 refleja falta de libertad de prensa. De 0 a 30 puntos significa que existe una prensa libre (color verde), de 31 a 60 puntos indica que hay una prensa parcialmente libre (color amarillo), y de 61 a 100 es la existencia de una prensa no libre (color morado).
En el continente americano, Costa Rica es el país que lidera en los niveles de libertad de prensa con 16 puntos. La gráfica muestra que el mayor grupo de países de la región se encuentran con el nivel de una prensa parcialmente libre. El grupo de países con prensa no libre lo integran cinco países: México (64 pts.), Ecuador (66 pts.), Honduras (66 pts.), Venezuela (81 pts.) y Cuba (91 pts.).
Sobre México, se observa que desde 2006 ha disminuido constantemente sus niveles de libertad de prensa. En diez años el país ha aumentado 16 puntos en la escala de Freedom House, pasando en el año 2010 a tener una prensa no libre, categoría que se ha mantenido hasta ahora.
Una de las principales restricciones a la libertad de prensa en México es la violencia contra periodistas, ya sea en ataques a medios de comunicación, agresiones y homicidios. Según el reporte de la CNDH, citado anteriormente, desde el año 2000 hasta abril de 2017 se han registrado 125 homicidios de periodistas.
El estado del país con la mayor cantidad de homicidios contra periodistas es Veracruz, con 20 casos. En segundo lugar está Oaxaca con 15 muertes, seguido de Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero, con 14 homicidios cada uno. Luego está Sinaloa con 6 asesinatos a periodistas.
Estos datos dan cuenta de cómo está actualmente la situación de violencia contra periodistas y la falta libertad de prensa en México. Tanto estudios nacionales (CNDH) como internacionales (Freedom House) evidencian la existencia de un problema que afecta a medios de comunicación y comunicadores.
Las cifras de Parametría muestran que el actual contexto se refleja en la opinión de los mexicanos. La población percibe la falta de libertad de prensa y, en especial, los altos grados de violencia que afectan a quienes están dedicados a informar sobre asuntos de inseguridad, como así de otros temas en México.
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Ciudad de México.- 15 de mayo de 2017.- (aguzados.com).- El pasado 13 de marzo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el nuevo modelo educativo cuyo objetivo es que todos los niños y jóvenes tengan un acceso equitativo y reciban una educación integral de calidad[1]. Esto es relevante ya que en el ciclo escolar 2015 – 2016 había en educación básica (preescolar, primaria y secundaria) un total de 23,334,603 alumnos inscritos en escuelas públicas y 2,563,033 en escuelas privadas, según datos del Sistema Educativo de la República Mexicana[2].
De acuerdo con la encuesta nacional realizada en vivienda por Parametría, ocho de cada diez mexicanos (81%), consideran que es necesario cambiar la forma en que se dan clases en México y este porcentaje ha crecido de manera significativa en poco tiempo. En menos de un año se incrementó en 16 puntos porcentuales quienes así lo dijeron. En la encuesta anterior realizada en julio de 2016, el 65% consideraba que era importante cambiar la forma de enseñanza en el país.
Además, es importante destacar que el porcentaje de aquellos que consideran es crucial modificar la enseñanza en México aumenta entre las personas que tienen hijos en edad escolar, si bien el 81% de la población general acepta cambiar el modelo educativo, entre padres de familia el porcentaje sube a 85%. Es decir, el tema de la calidad de la educación no sólo ha permeado en la población en general sino de manera más importante entre aquellos entrevistados que tienen hijos en la escuela.
Uno de los ejes del nuevo modelo educativo está enfocado a desarrollar nuevas capacidades y habilidades en los alumnos, tales como: expresarse correctamente, aprender a resolver problemas o saber argumentar y ser críticos. De acuerdo con la encuesta seis de cada diez mexicanos consideran que los niños en el país tienen “poca” o “nada” de habilidad para saber argumentar o ser críticos (63%); para hablar en público (62%); para expresarse correctamente de manera escrita y al hablar (62%); o para resolver problemas (60%).
Además, casi la mitad de los entrevistados (49%) dijeron que los niños no confiaban en sus capacidades y el 56% mencionó que tenían “poco” o “nada” de interés en cuidar su medio ambiente y entorno. Temas que se pretende mejorar de acuerdo al plan de trabajo del nuevo modelo educativo.
Es importante mencionar que a pesar de que los entrevistados fueron formados en un modelo educativo distinto al que hoy se propone, la mayoría (86%), está de acuerdo con que es mejor enseñar a los niños a pensar y defender sus argumentos. Nuevamente este porcentaje aumenta entre la población con hijos en edad escolar donde llega al 90%.
En conclusión, al igual que en el tema de la evaluación de los docentes, la mayoría de los mexicanos considera que es necesario cambiar la forma de enseñanza en México. Los entrevistados coinciden en que los alumnos del país no cuentan con las herramientas y habilidades necesarias que permitan tener un mejor desarrollo personal que impacte en su vida profesional. Es importante dar seguimiento a esta serie para saber si después de implementado el nuevo modelo hay cambios en la percepción de la calidad educativa que tenemos.
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Ciudad de México.- 10 de mayo de 2017.- (aguzados.com).- Siete de cada diez mexicanos considera que la ciudad donde vive es insegura. Este es uno de los principales datos que arroja la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)[1].
La última encuesta sobre el tema, realizada en diciembre de 2016, presenta información sobre algunos aspectos de la seguridad pública en México, tales como sensación de inseguridad por temor a un delito, cambios de rutinas o hábitos por temor a ser víctima del delito o sensación de inseguridad en lugares físicos específicos, entre otros.
Parametría presenta las cifras más relevantes de este estudio que se realiza trimestralmente en el país. La encuesta, se llevó a cabo en las principales ciudades de cada estado de la República y muestra que a nivel nacional siete de cada diez personas (74.1%) considera que la ciudad donde reside es insegura. Esta cifra aumentó 2.2 puntos con respecto al trimestre anterior (71.9%).
Los lugares con los cifras más altas de sensación de inseguridad son Villahermosa, Tabasco (97.5%); la zona Oriente de la Ciudad de México[2] (95%); Ecatepec, Estado de México (94.9%); Fresnillo, Zacatecas (90.7%); y Coatzacoalcos, Veracruz (90.1%). Se observa que dos de las zonas con mayor percepción de inseguridad se encuentra en la zona central del país (Oriente, CDMX y Ecatepec, Méx), y otras dos ciudades están ubicadas cerca de la zona del Golfo (Coatzacoalcos, Veracruz y Villahermosa, Tabasco).
El estudio de INEGI se realizó en 51 ciudades de todos los estados de la República. En el caso de la Ciudad de México, ésta se dividió en cuatro zonas: 1) Norte (incluye las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza); 2) Sur (Benito Juárez, Coyoacán, La Magdalena Contreras y Tlalpan); 3) Oriente (Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco); y Poniente (Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo).
Como se muestra en el siguiente mapa, la ciudad con mayor sensación de inseguridad es Villahermosa, Tabasco. En el grupo de las zonas que se perciben como más inseguras se encuentran además: Veracruz, Veracruz (89.1%), Acapulco, Guerrero (88.3%), la zona norte de la Ciudad de México (88%), zona poniente de la CdMx (86.6%) y zona sur de la CdMx (84.8%).
Cabe destacar que las cuatro áreas de la Ciudad de México se encuentran entre los 10 lugares con mayor percepción de inseguridad, de acuerdo con el estudio. En contraste, las tres ciudades que presentan el menor índice de percepción de inseguridad son Mérida, Yucatán (33.8%), Durango, Durango (42.2%) y Tepic, Nayarit (44%).
La ENSU también consultó a los entrevistados, a nivel nacional, acerca de cuáles son los lugares públicos donde se sienten más inseguros. En primer lugar se mencionó a los cajeros automáticos ubicados en la vía pública (82%). Siete de cada diez mexicanos dijeron sentirse inseguros en el transporte público (74.2%), el 68.3% mencionó los bancos y un 67.1% percibe las calles que habitualmente usa como espacios inseguros.
Los lugares donde menos inseguridad sienten las personas son la escuela (28.9%), la casa (29.7%) y el trabajo (38.5%). Es interesante observar que la escuela, un espacio público, se percibe como un lugar más seguro que la propia casa, según los entrevistados.
La encuesta busca también registrar la atestiguación de conductas delictivas a nivel nacional. La situación más vista o escuchada en los alrededores -según los entrevistados- es el consumo de alcohol en las calles (66%). Con sólo 0.4 puntos de diferencia la segunda situación delictiva más común son los robos o asaltos (65.6%).
Una de cada dos personas ha escuchado o visto vandalismo en viviendas o negocios (51.4%), le sigue la venta o consumo de drogas (42.3%) y la presencia de bandas violentas o pandillerismo (34.7%). La situación delictiva menos mencionada por los entrevistados son los disparos frecuentes con armas (34%).
Desde el ámbito de las experiencias de los entrevistados, la ENSU registra la existencia de cambios en rutinas o hábitos de las personas. Ante el temor de sufrir algún tipo de delito el 63.4% de los mexicanos afirma que ha cambiado el hábito de llevar dinero u objetos de valor. En segundo lugar se observan cambios en permitir que menores salgan de su vivienda (57.9%).
La mitad de los entrevistados reporta que ha dejado de caminar de noche (52.3%) y tres de cada diez personas ha modificado su hábito de visitar parientes o amigos (35.5%).
Para tener una visión de la sensación de inseguridad a nivel regional, analizamos algunos datos del último informe de Latinobarómetro[3]. El reporte muestra que en promedio en América Latina la preocupación de llegar a ser víctima de un delito con violencia es del 43%. Los tres países con las cifras más altas de temor ante la delincuencia son Brasil (68%), Venezuela (58%) y El Salvador (53%).
De acuerdo con el Latinoabarómetro México se encuentra debajo del promedio regional y entre los países con menos personas que dicen temen ser víctimas de algún delito con violencia (31%), luego de Panamá (29%).
A pesar de que a nivel latinoamericano México se ubique entre los países con las cifras más bajas de personas que consideran pueden ser víctimas de algún delito, los datos de la ENSU indican que la mayoría de los mexicanos consideran que vivir actualmente en su ciudad es inseguro.
La ENSU tiene como objetivo medir la sensación de inseguridad ante el temor de un delito, el cambio de hábitos que provoque este temor y la percepción de conductas delictivas en el entorno de los mexicanos. Otra observación interesante es que la percepción de inseguridad es más alta en los lugares de la zona centro en el país, especialmente en la Ciudad de México, seguido de ciudades ubicadas cerca de la costa del Golfo (Tabasco y Veracruz).
Estos datos tienen la importancia de reflejar la percepción de los mexicanos y el panorama de inseguridad que se vive en diferentes zonas del país ante la delincuencia. La continuación de las series aporta datos para poder realizar comparaciones en el tiempo, lo que representa una importante herramienta de investigación.
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Socorro Ramírez O
Aguascalientes, Ags.- 15 de mayo de 2017.- (aguzados.com).- ¡Ya no sé qué hacer contigo! Expresión de desesperación o declaración de estorbo. Recién nos enteramos en Agüitas que un joven internado en un “anexo” murió en circunstancias poco claras, por lo menos hasta hoy. Se multiplican sin control estos lugares que se ofrecen como centros de ayuda filantrópica y terminan en varios casos, por lucrar con familiares desesperados o despiadados.
Nidia, lidia con los anexos. La diputada Nidia Acosta, enfermera de profesión, trae en la agenda de su actividad legislativa la regulación, o mejor dicho, la falta de regulación sanitaria y vocación humanitaria con que actúan los llamados anexos; los que se suponen sean lugares limpios y bien equipados, a donde acudirían las personas afectadas por adicciones, para recibir un tratamiento profesional y de bajo costo, con el fin de superar su problema.
En los hechos, Nidia Acosta encuentra en lo general, lugares carentes de personal especializado, en donde se realizan prácticas violentas contra los internos, tales como golpes, malos tratos verbales, baños con agua helada, encadenamiento y otras que rayan en la tortura.
La diputada Nidia también se refiere a la deficiente e insuficiente alimentación de los internos, el equipamiento inadecuado y escaso y de manera especial, a la carencia de personal capacitado en el tratamiento de adicciones y la abundancia de personas que muestran conductas agresoras y violentas, bajo el supuesto que los internos “es lo que necesitan”.
¿Quiénes depositan a los adictos en los anexos? Generalmente los propios familiares. Ya sea porque la adicción de su familiar ha generado en su entorno severos problemas que salen de la capacidad del núcleo para solucionarlos o bien, porque el adicto estorba y “deja mal” a quienes están obligados a su cuidado, de tal manera que es preferible pagar para mantener alejado al familiar-problema.
La Secretaría de Salud de Aguascalientes y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la propia entidad, son quienes debieran supervisar el funcionamiento de los llamados anexos, sin embargo, es pobre y deficiente la regulación al respecto, por lo que la diputada priísta Nidia Acosta, está en seguimiento de varios establecimientos del tipo e integrando una propuesta legislativa para obligar a un control real y una supervisión adecuada con medios de coerción legal que obliguen a brindar un trato digno y humano a estos centros de tratamiento que ya comienzan a ser un problema, lejos de una solución para la sociedad hidrocálida.
¡Ya no sé qué hacer contigo! Expresión de desesperación o declaración de estorbo. Sin proponérselo, la de la pluma fue testigo de otro tipo de “centro filantrópico” que ofrece, más bien oferta otro tipo de ayuda: hacerse cargo, o mejor, permitir que le dejen ahí, sin responsabilidad para nadie, a personas ancianas o discapacitadas.
Cuando ya son inútiles. En alguna ocasión, se atribuyó a la entonces candidata a la presidencia municipal Teresa Jiménez, una publicación en su muro de Facebook sobre las personas de la tercera edad, en donde se señaló que “cuando ya son inútiles, estorban a su familia”. Aunque la publicación causó gran controversia por la dura expresión y la propia Jiménez Esquivel se deslindó de su autoría; no estaba tan lejana en los hechos de lo que puede ocurrir: hay personas ancianas o discapacitadas que estorban. Cruel pero cotidiana realidad.
Existen en la sociedad de Agüitas, humanitarias familias en las que el anciano o el discapacitado, son consideradas parte de las obligaciones propias del desarrollo, el crecimiento o la madurez del núcleo. En estas felices ocasiones, el anciano y el discapacitado, son atendidos en la medida que la situación económica y la capacidad familiar lo permite; algunos corren con mejor fortuna, otros no tanto, pero nadie se cuestiona la integración de ellos a la familia.
También existen otras familias, a las que en la supuesta expresión de Tere Jiménez, el senecto o discapacitado no es útil y estorba en la familia. ¿Infame? ¿Inhumano? ¿Práctico? ¿Objetivo? Juzgue Usted apreciable lectora, querido lector. En correspondencia existen lugares, no necesariamente regulados por la ley y las instituciones de salud, que por una buena cantidad de dinero al mes, están dispuestos a recibir al “estorbo”; aunque no necesariamente a atenderlo como es debido y menos aún a responsabilizarse de él. ¡Hágame Usted el favor!
Las familias más adineradas son, las que pueden hacer uso del cuestionable privilegio de pagar para que el anciano o el discapacitado, no constituyan una molestia en sus domicilios. Tal y como antes le comenté, fui testigo que existe un lugar así, y por ende deben existir más en Aguascalientes, que operan a la luz del día sin esconder su ignominia. El que yo conocí se encuentra en pleno fraccionamiento “Las Américas”, muy cerca de las instalaciones del diario “El Hidrocálido” y a unos pasos del Instituto de Educación para Adultos de la entidad. ¿Quiere Usted saber cómo lo conocí? Un usuario del “servicio” me dijo, al saber que tengo una persona senecta en casa: lo habías de llevar ahí, te cobran nueve mil pesos mensuales y cuando mueren, no les hacen autopsia, porque cuentan con un permiso especial. ¡Aunque Usted, no lo crea!
¡Nos vemos en la próxima! Recuerde que en esta su cocina se come, se lee, se estudia y se conversa de todo; particularmente de política.
CODA ciudadano. Denuncie las malas prácticas en asilos y anexos, con la diputada Nidia Acosta Lozano, 910 3210 y 910 3240, ext. 130.
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Ciudad de México.- 8 de mayo de 2017.- (aguzados.com).- Hoy día en el país es difícil saber cuál es nuestra relación con el narcotráfico. Sin duda, al promedio del mexicano le causa temor y preferiría que no existiera. Solo saber, a través de los medios de comunicación la violencia que ha generado -no obstante que sea “entre ellos”-, no deja de provocar angustia.
Sin embargo, en algunas regiones o segmentos de la sociedad más vinculados a esta actividad, les parece tolerable o incluso en el extremo consideran que les genera beneficios. Al revisar los números más a detalle da la impresión de que evaluamos esta relación en función de dónde estamos parados y nuestros niveles de afectación.
El pasado 2 de mayo, la Agencia de Investigación Criminal anunció la detención de Dámaso López Núñez “El Licenciado”, presunto líder del cártel de Sinaloa, quien ocupó dicho puesto después de la aprehensión de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con el titular de la agencia, la detención de López Núñez disminuye la posibilidad de una alianza entre distintos grupos que se dedican al tráfico de drogas.
Esta captura se realizó en una colonia de clase media alta, a la mitad de la Ciudad de México. En principio se define a la Ciudad de México como un lugar “logístico” para el narcotráfico, “no operativo”. Distinción importante y significativa para cualquier capitalino. Este dato, sin duda, es una buena noticia para los habitantes de la Ciudad de México, ¿pero qué significa para el resto del país?
En este contexto, es importante revisar datos de las series históricas sobre la opinión que tienen los mexicanos del narcotráfico. El análisis de una serie permite conocer los cambios de opinión en el tiempo y nos da información relevante para conocer el porqué del rechazo o aceptación de esta actividad. Para este propósito analizamos las series de Parametría de los últimos 10 años.
La encuesta realizada por Parametría en marzo de este año, en vivienda, con representación nacional, preguntó a los mexicanos de entre una serie de instituciones y grupos cuál consideraban tenía más poder en el país. Los datos son reveladores y alarmantes. Hay más mexicanos que consideran que los cárteles del narcotráfico tienen más poder que incluso el Presidente de la República. Cuatro de cada diez encuestados contestó que los cárteles del narcotráfico eran quienes detentaban más poder, la segunda opción con mayores respuestas fue el Presidente de República, con 24%? con 8% en tercer sitio se posicionó la Iglesia católica.
Si observamos esta pregunta en el tiempo, podemos ver que se han incrementado las opiniones que indican que los cárteles del narcotráfico tienen más poder en el país, registrando este año un máximo histórico. De 2008, cuando inició la serie, a la fecha ha crecido 5% quienes así lo consideran.
Otro objetivo de investigación fue medir qué tanta tolerancia tienen los mexicanos al narcotráfico y su opinión sobre el mismo. Llama la atención que cuatro de cada diez entrevistados considere que hay algunos beneficios que derivan del mismo. Por ejemplo, 36% dijo que el narcotráfico hace más obras públicas en las comunidades que el mismo gobierno y 35% estuvo de acuerdo con que el narcotráfico genera empleos.
Tres de cada diez mencionó que el narcotráfico genera progreso en las comunidades donde viven los narcotraficantes y un número similar dijo que si el narco no generara violencia, sería una actividad que beneficiaría a su estado. Una de las opiniones que más se ha incrementado en el tiempo es la percepción de que el narcotráfico hace más obras públicas en las comunidades que el mismo gobierno, de 2010 a la fecha creció 6% quienes así lo consideran al pasar de 30% a 36%.
La opinión acerca de que si el narcotráfico no generara violencia sería una actividad que beneficiaría a su estado se ha mantenido relativamente estable, tuvo un repunte en abril de 2016, cuando 42% dijo estar de acuerdo con dicha afirmación? no obstante, el promedio ha oscilado entre 27% y 32% en siete años.
Una tendencia que vemos a la baja son las personas que afirman que el narcotráfico genera empleos, al pasar de 41% en 2010 a 35% este año? en abril de 2014 más personas apoyaron esta idea, ya que cinco de cada diez veían al narcotráfico como un empleador.
Una de las series más interesantes en el tema es la que mide la aceptación del narcotráfico si ello implica que no haya violencia. A partir de 2009 —con excepción de 2011— más personas están de acuerdo con que no haya violencia en el país aunque exista algo de narcotráfico, esta opinión registró un máximo histórico en 2016, cuando siete de cada diez mexicanos apoyaron esta postura.
Los datos reportados son de opinión pública agregada a nivel nacional. Si lo viéramos por estado o región, los resultados serían muy distintos en estados como Sinaloa, Nayarit, Michoacán o Tamaulipas, por mencionar unos cuantos muy afectados por esta actividad.
En resumen, parece que poco a poco y con el tiempo hemos ido incorporando a un nuevo actor social. Lo empezamos a dar como hecho y nos acostumbramos a él. Incluso estamos dispuestos a considerar sus niveles de beneficio. Un tema delicado, pero que sin duda implica reflexión. Probablemente lo único que indican estos datos es el nivel de penetración social que esta actividad ha tenido a lo largo del tiempo. Tal vez es momento de reflexionar y ver sus implicaciones.
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