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- La población atendida por el Programa Nacional de Seguros por Inundaciones se concentra en estas costas en un 40%
Karen Janett Carranza J.
Washington.- D.C.- 20 de julio de 2017.- (aguzados.com).- El pasado 12 de julio de 2017, La Unión de Científicos Preocupados, publicó el reporte llamado “Cuando la Elevación de los Océanos Ataca el Hogar: Elecciones Difíciles para Cientos de Comunidades Costeras de los Estados Unidos”, en el que se revelan los posibles escenarios para las comunidades costeras de la Florida, Texas y otras comunidades pobladas por latinos hacia el 2100, los cuáles se verían afectadas por la elevación de los océanos debido al calentamiento global. Los resultados de otros estudios que también se contemplan en este reporte, muestran que las zonas más afectadas por inundaciones en estos estados, deja a los dueños de las tierras afectados económicamente de manera frecuente, pues los daños por lo general se dan en las estructuras de edificaciones.
Otro estudio llamado “Aguas Preocupantes: El Programa Nacional de Seguros por Inundaciones en Perspectiva Histórica”, reveló que los Estados de Florida y Texas resguardan al 40% de la población atendida por el Programa Nacional de Seguros e Inundaciones y podría ir en aumento a medida que avance el tiempo.
Mientras que los riesgos por inundaciones en el país aumentan, el déficit de $25 billones de dólares del Programa Nacional de Seguros por Inundaciones lo pone en riesgo de desaparecer, proyectando el desamparo de cientos de comunidades que dependen de él para la protección de sus propiedades. Aunado a lo anterior, la Administración Trump ha propuesto un recorte de $190 millones de dólares anuales a los trabajos de mapeos, que sirven como herramienta para la identificación de zonas de riesgo.
Para el 2035, la zona de Florida sería afectada en 88 comunidades, lo que representa el 51% de éstas comunidades; por su parte Texas alberga el 10% de los afectados, lo que en conjunto representa el 61% de las poblaciones afectadas a nivel nacional.
Las inundaciones crónicas provocadas por las lluvias intensas de temporal, irán en aumento debido a la elevación acelerada del calentamiento global. De acuerdo con el estudio publicado por la Unión de Científicos Preocupados, la proyección de los eventos que enfrentarán las zonas costeras del país son los siguientes:
Para el 2035, alrededor de 170 comunidades alrededor del país -casi el doble de las que ahora se conocen- enfrentarán inundaciones crónicas y posibles repliegues de zonas afectadas bajo la mira de escenarios intermedios y altos de elevaciones; más de 100 de éstas zonas verían al menos un cuarto de sus tierras crónicamente inundadas.
Para el 2060, alrededor de 270 comunidades se enfrentarán a inundaciones crónicas con un nivel intermedio en la elevación de los océanos. Este número podría saltar a los 360, bajo un escenario de elevaciones altas. Alrededor del 40 por ciento de las comunidades que se ven inundadas crónicamente en cualquier escenario, podrían ver al menos la mitad de sus tierras inundadas.
Para el 2100, alrededor de 490 comunidades -incluido apenas un 40 por ciento de las comunidades en el frente oceánico de las Costas Este y del Golfo- enfrentarán inundaciones crónicas y posibles repliegues con niveles intermedios en el aumento del mar; casi 300 de ellas verán al menos un cuarto de sus propiedades crónicamente inundadas. El número de comunidades salta hasta alrededor de 670 -incluyendo apenas el 60 por ciento de las comunidades en el frente oceánico de las Costas Este y del Golfo- si se considera el escenario de crecimiento elevado en las inundaciones.
Lo anterior podría interpretarse también como el número de comunidades o zonas que no solamente se verían inundadas, sino que se encuentran en riesgo de desaparecer debido a que los océanos consumen las costas a medida que elevan su nivel. Sin embargo, aún se puede actuar para mitigar estos efectos y proteger a las comunidades afectadas.
Si se busca alcanzar las metas que fueron establecidas en el Acuerdo de París para la reducción en la temperatura y la reducción de emisiones y de hecho se logran estos objetivos desacelerando el crecimiento de los niveles del mar, alrededor de 380 comunidades podrían salvarse de las inundaciones crónicas durante este siglo. Por lo que es evidente que tanto el gobierno, como los empresarios y los ciudadanos, deben unir esfuerzos para poder combatir de manera efectiva este problema.
Algunas medidas de adaptación a las inundaciones, incluyen el desalojo de estas zonas y su recuperación mediante la restauración ambiental. Ante este escenario, se presenta otro problema, la gran cantidad de gente que habita estas zonas y que se encuentra casi totalmente imposibilitada para vender sus propiedades debido a una o varias de las siguientes problemáticas:
Pérdida de valía de su propiedad.
Deudas hipotecarias por espacios inexistentes (que se perdieron a causa de inundaciones).
Falta de pago -total o parcial- del Seguro de Inundaciones por los daños ocasionados por lluvias e inundaciones a los propietarios de las tierras.
Aunque muchas de las aseguradoras se niegan a pagar por los daños que han sufrido las propiedades bajo el argumento de que estas ya se encontraban dañadas previo a los desastres naturales, la realidad es que existe un déficit por $25 billones de dólares en el Programa Nacional de Seguros por Inundaciones, que se presume ha sido causado por el mal manejo de los recursos de esa bolsa, de donde las aseguradoras toman el dinero para pagar; por lo anterior éstas se han visto obligadas a dejar de pagar a los afectados. De acuerdo con una publicación del Washington Post, Roy Wright, administrador del fondo declaró que no hay manera de cubrir los gastos que se adeudan y agregó:
“Solamente el Congreso puede tratar con estas pérdidas del pasado. En lo que nos estamosenfocando ahora es en asegurarnos que al ir hacia adelante, estamos poniéndonos bajo un esquema de base financiera sólida”.
Ante este escenario, los únicos afectados son los contribuyentes que con trabajo han pagado sus seguros de inundaciones -en algunas ocasiones pagando por el deducible más alto- sin contar con la seguridad de que sus propiedades realmente están cubiertas, exponiéndose a seguir pagando la restauración de las mismas con recursos propios o si el caso presenta un lugar inhabitable, aumentar a sus gastos la renta de otro lugar, lo que representa un incremento en sus deudas hipotecarias.
Como si fuese poco, la reducción al presupuesto por $190 millones de dólares anuales para los trabajos de mapeos de las zonas de riesgos, impedirán que la gente pueda siquiera tener acceso a información básica de riesgos sobre propiedades que ya adquirieron o podrían adquirir en el futuro.
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Ciudad de México.- 20 de julio de 2017.- (aguzados.com).- El 17 de julo de 2017, el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte fue extraditado a México. Las autoridades guatemaltecas entregaron al ex mandatario local a la Procuraduría General de la República para enfrentar el proceso penal por los cargos de corrupción de los que es acusado. [1]
La detención de Duarte en Guatemala, es un hecho ampliamente conocido por los mexicanos, la encuesta en vivienda realizada en abril pasado por Parametría muestra que el 82% de los consultados se enteraron que el ex gobernador había sido detenido en dicho país. Seguramente hoy en día el porcentaje de conocimiento de la detención es incluso mucho mayor, pues la encuesta se realizó apenas a una semana de la misma, la cual sucedió el 15 de abril de 2017 [2].
Javier Duarte es un personaje conocido por un porcentaje importante de mexicanos, siete de cada diez lo identifica (68%), lo cual es relevante para tratarse de una figura del ámbito local, los niveles de conocimiento empezaron a incrementarse en agosto de 2015 y para octubre más de la mitad de los mexicanos ya lo identificaba. La fuga del político mexicano parece ser el evento que incrementó en mayor medida su identificación por parte de la ciudadanía.
En cuanto a la opinión que tienen las personas del ex gobernador, vemos que la misma tiene porcentajes negativos, la opinión efectiva -que resulta de la resta de la opinión positiva menos la negativa- llega a -72%. Estas opiniones negativas históricas son comparables únicamente con otra persona que ha sido acusada de corrupción, tal es el caso de Elba Esther Gordillo.
Un dato que resulta relevante es que el 77% de los mexicanos considera que Javier Duarte es culpable de los delitos que se le acusan, es importante decir, que el juicio público es independiente de las investigaciones formales que se realicen en el caso y las cuáles serán las únicas que determinen la culpabilidad o inocencia del ex gobernador de Veracruz.
Otro dato que muestra la encuesta, es que de octubre del año pasado a abril del presente, se incrementó 16 puntos porcentuales las personas que consideran que Duarte es culpable de los delitos que se le acusan, asimismo, disminuyó el porcentaje de aquellos que en 2016 no sabían qué contestar o no contestaban al cuestionamiento, al pasar de 35% a 22%.
Resulta relevante ver que seis de cada diez mexicanos dijeron que creían que las autoridades mexicanas sabían dónde estaba escondido Javier Duarte, mientras que 38% cree que en verdad se desconocía su paradero. Es decir, son más quienes dudan que no se supiera dónde se escondía el ex gobernador de Veracruz.
Finalmente preguntamos a los mexicanos si creían o no que la detención de Javier Duarte en Guatemala, así como la del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, en Florencia, tenían un fin electoral, pues las mismas se realizaron meses antes de las elecciones del 5 de junio, donde se eligieron entre otros cargos tres gubernaturas, entre las que destaca el Estado de México, uno de los bastiones priistas el cual nunca ha tenido alternancia en el gobierno.
Para el 67% de los mexicanos tanto la captura de Yarrington como la de Duarte fueron realizadas para tener un beneficio electoral, únicamente 15% dijo que estas detenciones eran un ejemplo de la lucha del gobierno de México contra la corrupción y la impunidad.
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- Fue lanzada por el Fondo para la Defensa Ambiental en todos los medios informativos
- Se enfoca en el trabajo de la EPA para proteger la salud de los niños
Karen Janett Carrranza J.
Washington, D.C.- 17 de julio de 2017.- (aguzados.com).- El Fondo para la Defensa Ambiental (EDF por sus siglas en inglés), lanzó este día una importante campaña -a través de TV, radio y medios electrónicos- solicitando apoyo al Congreso de los Estados Unidos para que detengan los recortes masivos al presupuesto a la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés).
La campaña de un millón de dólares es coordinada por EDF Action, el socio defensor de la EDF y estará al aire del 17 de julio al 10 de septiembre de 2017. En ella se destacan acciones que la EPA ha llevado a cabo en varios distritos y cómo éstas han ayudado a mejorar las condiciones de vida donde han sido desarrolladas.
“Estos recortes significarán más mercurio, smog y contaminación por carbón tóxicos en nuestro aire y agua. El resultado será más ataques de asma para nuestros niños y más problemas de salud para nuestros familiares en edad avanzada. Estamos llamando a los Miembros del Congreso a luchar por nuestra salud y no dejar los peores contaminantes libres”, expresó la presidenta de EDF Action. Elizabeth Thompson.
La campaña se transmitirá en Arizona, California, Colorado, Florida, Minnesota, Missouri, Nevada y Virginia. Además de contar con mensajes para el congreso en general, esta campaña conmina a los siguientes representantes a tomar acción y frenar la reducción de presupuesto a la EPA:
Rep. Martha McSally (AZ-2); Rep. Mike Coffman (CO-6); Rep. Jason Lewis (MN-2); Rep. Barbara Comstock (VA-10); Rep. David Valadao (CA-21); Rep. Mark Amodei (NV-2); Rep. Ann Wagner (MO- 2); Rep. Mario Diaz-Balart (FL-25); Rep. Thomas Rooney (FL-17), and Rep. Ken Calvert (CA-42). The ads will also air in Washington D.C.
Además de ser la Agencia más afectada en la Administración Federal, los recortes que la EPA enfrenta actualmente la han llevado al presupuesto más bajo que ha tenido en los últimos 40 años. De acuerdo con un comunicado emitido por la EDF, estos recortes ponen en riesgo al menos las siguientes acciones en beneficio de la salud de la población:
La limpieza de desechos tóxicos será ralentizada. Existen más de mil 300 sitios tóxicos de desechos del Súper Fondo y 450 mil ciudades de riesgo abandonadas a lo largo del país que causan daños no revelados a las comunidades locales como toxinas en el agua potable, puntos de desechos cancerígenos y desarrollo económico estancado. El Presidente Trump y Scott Pruitt, Administrador de la EPA, han anunciado recortes de cientos de millones de dólares a este programa.
Contaminantes que serán libres de seguir haciéndolo. La Administración ha propuesto serios recortes a la oficina responsable de ejecutar las leyes de aire y agua limpios. Cabe recordar la relación larga y cómoda del Administrador de la EPA, Scott Pruitt, con compañías que han apoyado su carrera política desde que fue Abogado General de Oklahoma; esto sugiere que será laxo con los empresarios contaminantes.
La contaminación nociva del aire incrementará. El Administrador Pruitt ha expresado su hostilidad hacia la normatividad que limita los niveles de contaminación por mercurio, gases ácidos, carbón y smog; asimismo ha propuesto grandes recortes a los fondos de programas de aire limpio. Eso hará inestable la habilidad de la EPA para llevar a cabo sus responsabilidades establecidas en la Ley de Aire Limpio.
Programas de protección contra el plomo tóxico serán debilitados. No existen “niveles seguros de plomo”, que es una neurotoxina que causa daños cerebrales en los niños en desarrollo. Con administraciones anteriores, la EPA ha avanzado a pasos agigantados para reducir la exposición a pinturas de plomo, gasolina, ductos y tierra contaminada; sin embargo, todavía existe más de medio millón de niños estadounidenses que tienen niveles altos de plomo en la sangre.
Reducir el presupuesto destinado al cuidado, protección y monitoreo de los recursos ambientales, significa poner en riesgo la vida de cada persona que habita los Estados Unidos, no solamente por el riesgo de incremento en los contaminantes, sino por la pérdida de hábitat que sucede por el desarrollo de proyectos como exploraciones petroleras, instalación de oleoductos y la propagación de minas que incentivan el uso de carbón como alternativa en la producción energética.
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- Jorge Varona Rodríguez
Aguascalientes, Ags, 19 de julio 2017.- (aguzados.com).- 4.- Será 2018 una fase transitoria, acaso crucial, pero sólo un momento. Lo sustancial, antes que personajes y liderazgos (necesarios, pero el futuro de México no puede depender de un individuo o de un puñado que venera al becerro del mercado o aquellos que creen que adoran ante el altar de la patria), radica en un proyecto que convenza a todos porque incluya las voces, las razones y las causas de todos. Eliminar los orígenes de la confrontación, la violencia, la desconfianza, los temores y la exclusión. Sustentar, en cambio, los motivos legítimos del compromiso, la responsabilidad, el diálogo y el entendimiento, no únicamente en lo político y lo electoral, sino en todos los órdenes de la vida nacional, empezando por la economía y los derechos humanos, sociales, económicos y culturales.
Cabe la observación de si es posible convencer a todos. La sabiduría popular enseña que pretender quedar bien con todos deviene en quedar mal con todos. Convencer a la mayoría; o a las diversas minorías que juntas hacen mayoría, del complejo y extenso entramado clasista, étnico, religioso, cultural y regional de México.
Ese proyecto de sociedad, cultura, derechos humanos y democracia es cuanto debieran, sin dobleces ni subterfugios, diseñar, argumentar y explicar a los ciudadanos los aspirantes “independientes” o partidistas o los políticos predestinados, y de esta manera ganar confianza en las ideas, la política y las instituciones democráticas. Eso sí puede construir liderazgos y movilizar al pueblo.
En las campañas electorales y preelectorales –como ya es el caso-- lo “normal”, por convencional, el propósito es destacar personajes. Muchos lemas y slogans, pero pocas ideas. Facilita la fusión de la ideología con la demagogia y origina cierto tipo de propaganda –que no se limita a los periodos preelectorales, sino es permanente y sistemático-- de tendencia totalitaria cuya progresión táctica actúa en todos los planos de lo humano. No se trata ya de una actividad parcial y pasajera, sino de la expresión misma de un proyecto que se asume absoluto con voluntad de conversión, conquista y explotación.
Esta propaganda está vinculada con la lucha de ideologías que encubren intereses económicos y ambiciones de poder (más sospechosas en cuanto no se asumen como ideologías, sino como filosofías, verdades reveladas o verdades científicas) para imponer con su visión del mundo, el dominio no únicamente en el plano político sino en el económico y en todo el complejo de las relaciones sociales: trabajo, propiedad, consumo, conciencia, control del cuerpo, esparcimiento, información, valores de la vida y creencias.
5.- La mayoría de los mexicanos, ocupados en la diaria lucha por sobrevivir ¿está consciente y preparada para llevar a cabo esa tarea de trasformación nacional? Ya sea la un nuevo modelo de desarrollo dentro del sistema capitalista neoliberal, si eso fuese posible, ya sea una revolución, pacífica desde luego. ¿Revolución armada? Sólo el pueblo organizado, con conciencia política es capaz de hacer cualesquier revolución social y política. Ha lugar a cuestionar, por ello mismo, si existe realmente lo que llamamos pueblo, comunidad política consciente de sí y para sí; o, desplazando al pueblo y despojándolo de su identidad, prevalece la sociedad civil en su condición de conglomerado clasista minoritario pero dominante, con plena conciencia de sus intereses pretendiendo representar a toda la sociedad, incluidos aquellos individuos que sólo poseen su hambre y su esperanza.
Gramsci lo aclara meridianamente: “… la distinción entre sociedad política y sociedad civil, que de distinción metódica es transformada en distinción orgánica y presentada como tal. Se afirma así que la actividad económica es propia de la sociedad civil y que el Estado no debe intervenir en su reglamentación. Pero como en la realidad efectiva, sociedad civil y Estado se identifican, es necesario convenir que el liberalismo es también una ‘reglamentación’ de carácter estatal, introducida y mantenida por vía legislativa y coercitiva. Es un acto de voluntad consciente de los propios fines y no la expresión espontánea, automática, del hecho económico. El liberalismo, por tanto, es un programa político destinado a cambiar, en la medida en que triunfa, el personal dirigente de un Estado y el programa económico del propio Estado, o sea cambiar la distribución de la renta nacional”.
Diversos autores (Arditi, 2002) advierten del carácter polémico de sociedad civil ya que es “muy disímil” la idea de los pensadores jusnaturalistas (el paso del estado salvaje a la civilización), de la de Hegel (estadio intermedio entre la familia y el Estado), o de Marx (el espacio de la actividad económica, base del Estado) o Rousseau (culminación negativa del progreso). Bobbio admite que explicar la sociedad civil exige referirse al Estado: se explican uno al otro precisamente por su relación contradictoria.
Como apuntan muchos estudiosos, ante el desclasamiento de la sociedad lo que resta es esa masa volátil y amorfa de ciudadanos independientes sin identidad social y política. Acaso es la actitud con la cual “se hace el juego a alguien, especialmente si ese alguien es un Estado extranjero” (Gramsci), o a la élite criolla.
De cualquier modo es evidente que las cúpulas empresariales y tecnocráticas, así como las burocracias partidistas están en lo suyo para impedir cualquier cambio subversivo, pacífico o no.
El asunto es que si no existe pueblo, comunidad política organizada, consciente de sí y para sí, no hay posibilidad alguna de cambio profundo.
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Ciudad de México.- 17 de julio de 2017.- (aguzados.com).- Una de las explicaciones más frecuentes de los resultados de la pasada elección del 4 de junio en el Estado de México tiene que ver con la participación. En la elección para gobernador de 2011 la participación fue de 46 por ciento. Comparada con la pasada elección del 4 de junio hubo un incremento de cinco por ciento.
Es decir la participación estuvo por arriba del 52 por ciento. Para una elección a gobernador en nuestro país es una participación relativamente baja. En México la mayor parte de las elecciones a ejecutivos, Presidente o Gobernador suelen estar entre 55 y 60 por ciento. Sin embargo para el Estado de México es un porcentaje normal.
Otro rasgo inusual en este Estado es que la participación, incluso para las Presidencias Municipales, esté por arriba de la participación para Gobernador. La participación para la Presidencia de la República está en los rangos normales de otros Estados, por arriba de 60 por ciento. Lo único inusual en este Estado son los niveles históricamente bajos de la participación en las elecciones de Gobernador.
En alguna medida para algunos la idea que la mayor participación no le beneficia al PRI se refutó. Sin embargo explicar el resultado de la elección no parece tan sencillo. Esto nos lleva preguntas más complejas como ¿hasta qué porcentajes de participación no son convenientes para el PRI? O para el partido en el gobierno en general o ¿de qué tipo de participación es la que no beneficia al PRI?
En el Estado de México podemos hablar de un fenómeno de participación selectiva. De las 20 regiones sociodemográficas definidas por el propio gobierno del Estado de México el PRD sólo ganó una, la región del Nezahualcóyotl, Morena ganó otras 6 regiones, y el PRI ganó en las restantes 13 regiones.
Las 6 regiones donde ganó Morena solían ser los bastiones panistas, lugares como Naucalpan o Tlanepantla. Su victoria más importante por tamaño fue probablemente Ecatepec. Con sólo 6 regiones Delfina Gómez quedo sólo a 3 puntos porcentuales de Alfredo del Mazo. Regiones de gran peso electoral.
Sin embargo, la explicación no parece estar en el tamaño de las regiones que ganó cada contendiente, sino en donde participó más el electorado. En términos estrictos Morena fue el partido más votado. Morena le ganó al PRI por un punto porcentual. Sin embargo Alfredo del Mazo en alianza con el Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social le ganó a Delfina Gómez y terminó ganando por tres puntos porcentuales.
La participación donde ganó Morena subió sólo dos puntos porcentuales respecto a la elección a gobernador anterior en 2011. Las regiones donde el PRI ganó subieron en promedio diez por ciento respecto a 2011, pero hubo lugares que el diferencial fue hasta de 20 puntos porcentuales (Valle de Bravo). Es interesante observar cómo en la medida que la participación va descendiendo la preferencia por el PRI también.
La pregunta a resolver es cómo una mayor participación no benefició a la oposición al PRI. La respuesta es participación selectiva. Un priísta podría argumentar que ellos simplemente motivaron más a sus electores. Sus electores salieron a votar mientras que los de Morena se quedaron en sus casas. Otra explicación similar es que los programas sociales que ha recibido la gente es lo que los convenció de votar por el partido en el gobierno.
Otra explicación un poco más crítica sería la que han ofrecido algunos otros analistas como Ricardo Raphael o Carlos Loret de Mola quienes sugieren que la explicación de esta elección es la movilización, el clientelismo o el “acarreo”. En las democracias contemporáneas a mayor escolaridad o mayor ingreso mayor participación. En el Estado de México este fenómeno funcionó de forma inversa. A menor escolaridad o ingreso la participación fue mayor. Este fenómeno sin duda requiere una explicación. La más sencilla sería que en México las cosas no funcionan como en el resto del mundo. Pero ciertamente la explicación clientelista no suena mal. Debería de haber una explicación para ese diferencial en los niveles de participación dependiendo de la región socioeconómica.
Los reclamos de Morena sobre la forma en la que se llevó a votar a los electores es sugerente. Para ello debe tener evidencia de violaciones a la ley electoral. Argumentar que hay diferenciales sustanciales en las diferentes regiones no es suficiente para probar que hubo irregularidades.
Lo que pasó en el Estado de México es poco probable que se pueda repetir en el resto del país, pero sin duda es un fenómeno a explicar. Finalmente si vamos a argumentar a favor del excepcionalismo mexicano de alguna manera tenemos que explicarlo. Por qué en el análisis demográfico no tenemos las mismas tendencias que en el resto del mundo, para algunos puede ser motivo de preocupación.
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