- Desde 2010 el PRI vetó iniciativa del PAN para regularizar presencia del Ejército en las calles
- El Ejército sufre “un descuido terrible” por parte del gobierno, que también redujo su presupuesto
Aguascalientes, Ags, 11 de diciembre 2016.- (aguzados.com).- El senador Fernando Herrera Ávila consideró necesario impulsar una profunda reforma que permita definir y resolver de fondo cuáles son las facultades y competencias del Ejército en tareas de seguridad.
Señaló que el PAN no soslaya la demanda del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, de que se regularice la situación de las fuerzas armadas y se apruebe un marco legal “que diga hasta dónde sí, hasta dónde no”.
Recordó que cuando el PAN era gobierno, el Presidente Felipe Calderón propuso en 2009 una iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, misma que fue aprobada por el Senado en 2010 y enviada como minuta a la Cámara de Diputados, donde desde entonces, debido a la negativa del PRI y sus aliados, duerme el sueño de los justos.
El coordinador de los senadores panistas destacó que en virtud de lo anterior el Ejército camina por una zona gris que ha dado pie a que voces intencionadas y aviesas opinen negativamente de una institución que ha sido garante de la tranquilidad de los mexicanos.
Hizo notar que las senadoras y los senadores de Acción Nacional están conscientes del admirable esfuerzo y el sacrificio que las fuerzas armadas realizan día con día para hacer frente a los criminales y llevar paz y tranquilidad a las familias mexicanas.
Añadió que el Ejército ha sido institucional, le ha dado rumbo, estabilidad y orden al país, pero en la actualidad atraviesa por un “descuido terrible” por parte de la institución presidencial y está urgiendo a que se discuta un marco jurídico adecuado.
Refirió que ante su incompetencia para articular una estrategia efectiva y clara que permita disminuir los alarmantes cifras delictivas, el Ejecutivo se ha recargado en el Ejército pero lo único que ha conseguido es desgastarlo y “desnaturalizadlo” debido a que realiza funciones que no son de su competencia.
Mientras tanto, dijo, la violencia está deteriorando la vida social, la convivencia armónica y pacífica de las familias, por el crecimiento en robos, asaltos, secuestros, asesinatos, que constituyen un problema frente al cual el Gobierno no puede.
Recordó que al asumir la Presidencia Peña Nieto ofreció una nueva estrategia de seguridad, cuyos resultados no se ven. Ha fracasado. Ha echado mano de las fuerzas armadas pero él y su partido no sólo han puesto oídos sordos a sus reclamos sino que las han castigado con casi tres mil millones de pesos menos de presupuesto para 2017, precisó.
Para el legislador por Aguascalientes la creciente inseguridad en el país exige un replanteamiento de los programas operados hasta ahora por el Gobierno federal, los cuales no han dado los resultados ofrecidos al inicio del gobierno.
Herrera Ávila comentó que gracias al apoyo de Acción Nacional en junio pasado el Senado aprobó reformas para establecer un modelo de mando mixto policial que, entre otras bondades, permite la formación, capacitación, desarrollo y certificación de todas las policías municipales.
Además, agregó, establece mecanismos de control y de homologación para el mejor desarrollo de las corporaciones, en mecanismos como selección de personal, capacitación, certificación, regímenes laboral y de seguridad social, para incrementar las capacidades institucionales.
Sin embargo, hizo notar que mientras la depuración de las corporaciones policiales avanza lento, la violencia gana terreno, el crimen organizado se expande sin control y los delitos que más lastiman a la sociedad, como el robo, el secuestro y la extorsión, no sólo no se han controlado, sino que van al alza.
Por ello, “nosotros creemos --dijo-- que debe precisarse con puntualidad cuáles son las atribuciones del Ejército cuando es solicitado por el titular del Ejecutivo a intervenir en algunas labores de seguridad, cuáles son sus alcances y cuáles son sus limitaciones”.
Estimó que esto se logrará en la medida en que los demás partidos políticos, sobre todo el PRI, muestren voluntad política y compromiso para alcanzar acuerdos y así permitir que las fuerzas armadas transiten por el sendero de la legalidad.
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