- Recuperará su libertad absoluta si paga 13 millones 800 mil pesos, costo del aparato “desaparecido”
Alfonso Morales Castorena
Aguascalientes, Ags., 14 de octubre de 2014.- (aguzados.com).- En recurso de apelación el H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, confirmó en todas y cada una de sus partes la sentencia de 8 años y 9 meses de prisión dictada, en lo individual, en contra de Ventura Vilchis Huerta y José Gilberto Delgadillo, por el Juez Sexto Penal, por su autoría material en la comisión del delito de fraude cometido en agravio del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA), según consta en autos contenidos dentro del expediente 207/2012.
La sentencia privativa de libertad contempla también que ambos individuos deberán liquidar la cantidad de 13 millones 800 mil pesos por concepto de la reparación del daño, a partes iguales y a pagar, el primero de ellos una multa de 700 mil pesos y el segundo, de 71 mil pesos, aparte de que fueron inhabilitados por cuatro años y seis meses para ejercer el servicio público.
Ventura Vilchis, que fuera detenido en agosto de 2012 en la ciudad de Zacatecas, donde fungía como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) en diciembre de ese mismo año, solicitó y obtuvo su libertad bajo caución, vía el depósito de once millones de pesos y en la actualidad, aun cuando su situación jurídica ya fue resuelto con la pena privativa de libertad impuesta y ratificada, continúa gozando de esos beneficios y podrá recuperar su libertad absoluta al liquidar el importe total del monto defraudado.
En tanto que José Gilberto Delgadillo, que a la sazón se desempeñaba como encargado del área administrativa del ISEA, fue detenido a finales del 2011 y recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado (Cereso), donde actualmente se encuentra y en cuya rejilla de prácticas del Juzgado Sexto Penal, fue notificado de la sentencia privativa de libertad que le fuera dictada y ya confirmada por el HSTJE.
Ambos individuos se vieron involucrados en la compra simulada de un tomógrafo que se destinaría al ISEA, durante la administración gubernamental de Luis Armando Reynoso Femat, por cuyo asunto el ex mandatario enfrenta cargos de peculado y uso indebido del ejercicio de la función pública, pero que en la actualidad goza del amparo y la protección de la justicia federal, amén de disfrutar de los beneficios que le otorga la libertad bajo caución que por once millones y medio de pesos, le fue otorgada por el Juez Sexto Penal, Alfredo Quiroz García.
En el caso del "tomógrafo fantasma", irregular operación de equipamiento médico para el ISEA, detectada por la actual administración gubernamental en auditoría oficial, también se encuentran inmiscuidos el subsecretario de Finanzas de la gestión pasada, Uriel de Santos Velazco y la representante de la empresa Logística y Asesoría Comercial, Verónica Espíndola Palma, ésta última en su calidad de vendedora del aparato.
La situación jurídica de ambos coacusados será resuelto al agotarse la integración del expediente penal con la resolución de la serie de recursos legales que han interpuesto para eludir la acción de la justicia y en los que ambos se afirman víctimas de las circunstancias y haber actuado de "buena fe", como trascendió en los corrillos policiacos al quedar al descubierto su complicidad en la compra simulada del "tomógrafo fantasma", cuyo caso aún tiene muchas aristas.
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