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Categoría: municipios

• Calvillo carece de presencia de delincuencia organizada
• Así lo aseguró el nuevo titular de la Policía Preventiva

Alfonso Morales Castorena

Calvillo, Aguascalientes.- 15 de julio de 2016.- (aguzados.com).- A los reclamos de la ciudadanía para continuar confiando en los límites de seguridad pública que mantenía el ex titular de la Policía Preventiva, Gregorio Oswaldo Mata Luna de reciente cambio de sede policiaca, se obligó reunión emergente del jefe de la comuna con los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y mandos medios del Comisariado Regional de la Policía Federal, con objeto de instrumentar las medidas a seguir para frenar una súbita actividad delictiva.

Esta obedeció, en la versión de la sociedad, al cambio de titular en la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, como si la delincuencia común “probara la capacidad de respuesta del nuevo mando, Carlos Alberto Adalí Castañeda, a su desatada y creciente ilegal actividad”, que trastocó la calma que parecía prevalecer en la población.

Actividad que generó, por principio de cuentas, la intervención del jefe policiaco Eduardo Bahena Pineda y del comisario de la Región V de la Policía Federal, Roberto Raúl Rodríguez Rivero, que de inmediato procedieron a la actualización del Consejo de Participación Ciudadana en Seguridad Pública, sin que ofrecieran la identidad y número de integrantes, a fin de proteger su integridad física según marcan los cánones del ramo.

Ahí mismo, el nuevo responsable de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), emanado de las filas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Carlos Alberto Adalí Castañeda, por mero formulismo, rindió la protesta que le era obligada para continuar al frente de la corporación, cuyo mando asumió el pasado día primero de los corrientes.

El nuevo jefe policiaco aseguró que se tratará por todos los medios el mantener la proximidad social, elevar el número de elementos en la corporación y se pugnará porque Calvillo continúe a la baja en cuanto a delitos de alto impacto, al tiempo que se combatirá el quehacer de la delincuencia común con la aplicación justa de la ley, en concordancia con el nuevo Sistema Penal Acusatorio, sin que haya detectado presencia alguna de la delincuencia organizada, dijo.

En el presente, continuó diciendo, el objetivo primordial, aparte de brindar la seguridad que se reclama, es el de sumar más elementos a la corporación mediante la convocatoria dada a conocer el lunes 11 de este mes, para contar con una corporación que pueda garantizarle a la sociedad los niveles de paz y tranquilidad que exige.

Adalí Castañeda detalló que la corporación a su mando desarrolla gran parte de su trabajo de proximidad social con un gran número de asuntos cotidianos que atiende, como es el caso de las alarmantes llamadas telefónicas de extorsión y la actividad que despliegan por las noches varios grupos de vándalos que pululan por las principales calles de las colonias de la periferia.

Por su parte Eduardo Bahena Pineda aseguró con énfasis que en el estado no existe ningún grupo criminal de alto impacto, mucho menos que esté realizando actividades sanguinarias como aquellas que detallan durante las llamadas de extorsión telefónica y aseguró que “la SSPE no descansará hasta ver minimizados notoriamente los robos y todos los delitos menores”.

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Categoría: municipios

• En una encrucijada sin solución en el mediano plazo
• Están los afectados por el envenenamiento de reses

Alfonso Morales Castorena

Calvillo, Aguascalientes.- 11 de julio de 2016.- (aguzados.com).- La definición de las acciones a tomar para lograr la indemnización prometida por las autoridades federales y estales y con ello recuperar parte de su capacidad de trabajo, del patrimonio perdido y así poder reiniciar sus actividades como productores pecuarios con criaderos de ganado y engordadores de reses, los 80 afectados por el envenenamiento masivo de vacas con pollinaza contaminada, sostendrán enésima reunión de trabajo en sus instalaciones de la Asociación Ganadera Local mañana a primera hora, informaron varios de ellos.

Aparte de que se intentará que aquellos que han sido excluidos de las indemnizaciones que extenderá la compañía aseguradora de este tipo de catástrofes ganaderas, sean objeto de apoyos especiales por conducto de las autoridades del ramo y que éstas no eludan su responsabilidad social con el argumento de que se carece de los fondos necesarios para auxiliarlos por el cierre de administración gubernamental, como lo aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (SEDRAE) J. Pilar Moreno Montoya, en la última de sus reuniones con ellos, dijeron.

También llevan en cartera la definición del destino de los esqueletos de decenas de reses muertas que cayeron en los potreros y que ante la incapacidad de su desplazamiento por lo intrincado de los caminos, los senderos y las veredas rurales, sus cadáveres quedaron a la intemperie y fueron pasto de los animales montaraces, sin que estos últimos aparentemente acusaran los efectos del veneno que mató a los vacunos.

Varios cadáveres quedaron entre peñas, hoyancos, lechos de arroyos secos y márgenes de algunos de ellos, que al acusar los efectos de la intemperie en la que quedaron, se convirtieron en un gran foco de infección para los embalses naturales y el agua que captaron por las recientes lluvias en esas zonas agrestes de la campiña del Valle del Huejúcar, puede estar contaminada con el plaguicida órgano-fosforado que contenía la pollinaza ya viciada con toxinas de tipo butólico.

La contaminación del vital líquido representa un riesgo de consecuencias no previsibles, si acaso esa agua que llevan los arroyos y los pequeños ríos que se forman en la sierra por las lluvias, se utiliza tanto para el consumo de los pobladores del predio, como para el riego de sus cultivos, pero esta situación no ha sido evaluada por las autoridades sanitarias como para tomar las providencias del caso y evitar una catástrofe de consecuencias humanas no previsibles.

Fue mentira que las autoridades se hicieran cargo de la movilización de los cadáveres de las reses, tanto por la distancia que existe de predio a predio, como por lo intricado de la ubicación de los potreros y la nula capacidad de transporte vehicular ex profeso para el caso, más la ausencia de la maquinaria pesada para cavar las grandes fosas sépticas que se requerían para enterrar los restos de 60 o 70 vacas muertas y éstas ahí quedaron a “la buena de Dios, para ser alimento de los carroñeros y los animales montaraces, a los que no les importó la gran peste que generaban los cuerpos al entrar en descomposición y que invadía el ambiente”, continuaron diciendo los propios afectados.

Pese a esa situación de incertidumbre que prevalece en el gremio, lo único cierto es que el seguro catastrófico ganadero que administra la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), ha confirmado el pago de 12 mil pesos por vientre caído; 15 mil por vaca muerta y 25 mil por semental envenenado, pero también los ajustadores de esa empresa aseguradora, insisten que sólo se indemnizará a 40 de los 80 ganaderos que resultaron afectados por la contingencia y de ese número, nada más a aquellos que cumplieron con todos los requisitos exigidos por la compañía en cuestión, sin que se haya mencionado número alguno.

Así lo informaron varios ganaderos cuyas identidades quedaron en reserva por petición expresa, ante el temor de sufrir represalias por parte de las autoridades del ramo, que a toda costa pretenden continuar guardando silencio y seguir mostrando su incapacidad para resolver la crítica problemática que les endosaron los productores pecuarios, integrados al Sistema Nacional de Identificación Individual Ganadera (SINIIGA) y a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

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Categoría: municipios

• Se indemnizará a los 80 productores pecuarios perjudicados
• Acuerdo central que tranquilizó los ánimos de los ganaderos

Alfonso Morales Castorena

Calvillo, Aguascalientes.- 13 de julio de 2016.- (aguzados.com).- Bajo la advertencia que las autoridades del ramo responderán por única ocasión a los reclamos de los productores pecuarios con criaderos de reses y a los engordadores de vacas que perdieron su patrimonio laboral por el envenenamiento masivo de los cuadrúpedos, los 80 perjudicados por la inesperada contingencia serán indemnizados, se tratará de cubrir el costo de las mil 280 reses que murieron y se ejecutarán las acciones necesarias para enterrar los restos de los animales que cayeron en los potreros.

Para efectos del primero de los tres puntos de acuerdo, se resolvió que el censo inicial que integraban 40 ganaderos afiliados al Sistema Nacional de Identificación Individual Ganadera (SINIIGA) se incrementara a seis afectados más, previa comprobación de su militancia en la organización y requisitación que hicieran de ser víctimas del sonado caso.

En tanto que al resto de los perjudicados – 34 – de los 80 que componen el listado de referencia, se les tramitarán apoyos especiales con las altas autoridades estatales y federales, tanto de la SEDRAE como de la SAGARPA, más un aporte extraordinario de la CNOG, pero tendrán la obligación de inscribirse en el SINIIGA.

La indemnización del caso será entregada a los 46 ganaderos militantes en esta última organización a partir de la semana próxima, en tanto que los 34 restantes deberán cumplir con diversos trámites exigidos por SEDRAE y SAGARPA, con el objeto de comprobar el quebranto de su patrimonio laboral como resultado del envenenamiento masivo de sus hatos ganaderos, cuyos apoyos les serán entregados en un plazo no mayor a los treinta días, contados a partir del 13 de julio de este año.

Mientras que en el segundo de los acuerdos, se va a intentar liquidar el total de las reses envenenadas –mil  280 -  de acuerdo a la clasificación que se hiciera de la mortandad, a razón de 12 mil pesos el vientre, 15 mil pesos la vaca de crianza y 25 mil pesos el semental, como se estipulara desde un principio y fuera señalado por el presidente de la Asociación Ganadera Local, Juan de Jesús Valdivia Hernández.

Para ello se estimó la perdida animal en 25 millones 600 mil pesos, cuantificada a razón de 20 mil pesos precio promedio de costo de compra de cada animal envenenado, sin tomar en cuenta su clase y tipo, cuya cantidad difiere por mucho de  los 5 millones de pesos con los que la compañía aseguradora que administra la CNOG, pretendía saldar el siniestro y el cumplimiento de este acuerdo marcaría un hito en la vida de la comunidad ganadera local.

Por último, ambas partes acordaron unir esfuerzos para enterrar los restos de los animales que murieron en los potreros, movilizarlos a un sector de estos que fuera elegido por los mismos ganaderos y con el auxilio de maquinaria pesada que proporcionaran las autoridades, hacinarlos, sepultarlos en fosas sépticas comunes que se caven para el efecto, bañarlos con cal hidratada y con ello evitar que continúen siendo un foco de infección ambiental.

El optimista resultado de la reunión, llevó a los ganaderos a desistir de realizar las manifestaciones que tenían planeadas, si acaso no se llegaba a un acuerdo que los beneficiara, a efectuar un mitin y un plantón de varias horas a las puertas de la presidencia municipal, para exigir al alcalde Francisco Javier Luévano Núñez, su mediación en el conflicto, cuyo amago había provocado el nerviosismo del jefe de la comuna, considerando que “nada podía hacer por sus coterráneos, por tratarse de un asunto exclusivamente de índole estatal y federal”.

La sesión celebrada en la sede de la Asociación Ganadera Local fue presidida por el titular de la misma, Juan de Jesús Valdivia Hernández y los titulares de la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Ernesto de Luca Palacios; de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (SEDRAE), J. Pilar Moreno Montoya; de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Salvador Álvarez Morán y dos ajustadores de la compañía aseguradora que administra la CNOG.

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Categoría: municipios

• Confiaban en las autoridades para resarcirse del daño causado por la pollinaza envenenada

Alfonso Morales Castorena

Calvillo, Aguascalientes.- 10 de julio de 2016.- (aguzados.com).- A fin de exigir la mediación de las máximas autoridades municipales para cuando menos ser escuchados en sus demandas de apoyo, los casi 80 criadores de reses que resultaron afectados por el envenenamiento masivo de sus hatos ganaderos con pollinaza contaminada, planean manifestarse a las puertas de la Alcaldía y permanecer en plantón en las inmediaciones de la plaza pública Porfirio Díaz, hasta que sean recibidos en audiencia por el jefe de la comuna.

Al menos era el plan acordado por los ganaderos en la reunión que sostuvieron el viernes anterior en la sala de juntas de la asociación que los agrupa, ubicada en el libramiento carretero Calvillo – Jalpa, en la que estuvo presente su dirigente, Juan de Jesús Valdivia Hernández para confirmarles el rumor que ya circulaba entre ellos, respecto a la negativa de las autoridades para resarcirles parte del patrimonio vacuno perdido.

Aparte de que a la lista oficial de 76 afectados se integraron cuatro ganaderos más y con ellos, el número final de vacas envenenadas, que vino a aumentar su saldo a mil 280 animales muertos, pero que en nada modifica el importe total de los daños que sufrieron los productores agropecuarios con criadero de reses, ni los engordadores de ganado y que ascendió a 25 millones 600 mil pesos.

En esa cifra no se tomaron en cuenta los cerdos y borregos que también cayeron por la ingesta de la excreta avícola envenenada, en virtud de que hasta ese viernes 8 de los corrientes, apenas se iniciaría el registro de su muerte para conocer el lugar del siniestro, contabilizarlos, formular el censo del caso y estimar la cuantía global del daño causado, que se dijo podría ascender, a groso modo, a cinco millones de pesos, tomando en cuenta el valor de compra del animal en pie, porcino o bovino.

La pérdida de estos animales será absorbida en su totalidad por quienes fueron sus propietarios, dado que su muerte se considera el resultado de un accidente derivado de la ingesta de la pollinaza contaminada que se encontraron diseminada en los corrales del ganado vacuno, al deambular por sus cercanías e ingresar a los mismos en busca de alimentos y cuyo evento trágico no está contemplado en el seguro catastrófico ganadero, informó el comerciante Aurelio López Castillo.

Añadió que las autoridades estatales siguen realizando “recortes” de afectados que integraron el censo exigido por ellas mismas para tramitar “los apoyos que les otorgaría” y de los animales caídos, pretextando diversos argumentos que van desde la carencia de una factura de compra, hasta la expedición de la guía del caso para su traslado de un predio a otro en operaciones de compraventa e incluso “del acta de defunción” y lugar donde los restos del animal envenenado fueron enterrados.

Dijo que de esa forma, a quien o quienes perdieron de una a cinco reses, sin importar su clase y tipo, absorberán el daño sufrido, es decir no van a recibir un solo centavo por la muerte de sus animales; a quienes comprobaron el envenenamiento de 50 vacas, se les liquidará el importe de menos de 20 de ellas y bajo ese esquema de reposición, se liquidará el importe de menos de 700 vacunos del total de cuadrúpedos caídos, que representaría a la compañía aseguradora el desembolso de menos de cinco millones de pesos.

Por esa situación, terminó diciendo, mañana a primera hora (lunes 11 de los corrientes) nos plantaremos a las puertas de la presidencia municipal, para exigir al alcalde Francisco Javier Luévano Núñez, escuche nuestras demandas para que interceda por nosotros ante las autoridades correspondientes y se haga cargo de tramitar el pago justo a la pérdida que sufrimos, para resarcirnos de una parte del daño que nos causó Raudel López López.

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