Sábado, 21 Abril 2018

El PAN no aprobará leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción que se presten a la simulación

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Ciudad de México, 31 de marzo 2016.- (aguzados.com).- Fernando Herrera Ávila, coordinador de los senadores panistas, señaló que  Acción Nacional no respaldará ni aprobará ningún dictamen de legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción si no incluye todas y cada una de las propuestas de la iniciativa ciudadana 3de3.

En ese sentido, apuntó que el Partido Acción Nacional no apoyará leyes secundarias que no estén a la altura de la Reforma Constitucional.

Herrera Ávila indicó que no tendría ningún sentido aprobar leyes secundarias que nos llevaran a un sistema descafeinado, “el PAN no se va a prestar a la simulación, las leyes secundarias deben reflejar en todos su términos lo alcanzado en la Reforma Constitucional”.

De igual manera, el representante popular recordó que se tienen únicamente 30 días para aprobar la legislación secundaria, indispensable para que el Sistema Nacional Anticorrupción comience a funcionar.

“Como parte de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, el PAN propone la creación de una ley, adicional a las 5 ya establecidas en los transitorios de la Reforma Constitucional, que modifica la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, a fin de garantizar que el fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción, sea plenamente autónomo”, expresó el legislador por Aguascalientes.

Asimismo, añadió que mientras no haya una fiscalía verdaderamente autónoma, no tendrá ningún sentido el Sistema, porque no basta con que inhabiliten a un funcionario público o que le apliquen una sanción administrativa, ya que los corruptos  no van a dar a la cárcel. La única manera de que así sea, es con una fiscalía autónoma, robusta y sólida. Por ello, esta sexta ley que se propone es uno de los puntos irreductibles de Acción Nacional en la discusión.

El senador blanquiazul manifestó que Acción Nacional se comprometió a aprobar una legislación que incluya sus propuestas e impulsar un proceso de parlamento abierto durante los próximos 30 días, para que todos los documentos que circulen sobre este tema tengan autoría y se puedan consultar íntegramente, de modo que los expertos puedan intervenir de manera oportuna y objetiva en la discusión pública.

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